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¿Quiénes son los otros implicados en el caso y que han ordenado arrestar?

El caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga sigue dando de qué hablar

El caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga sigue dando de qué hablar, pues un juez ha ordenado el arresto de 10 presuntos implicados en desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

Este día se confirmó que el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga sigue dando de qué hablar.

¿A quiénes han pedido arrestar en el caso de  Inés Gómez Mont?

  • Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)
  • Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración
  • Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo

La Fiscalía General de la República dijo que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS

¿Cómo se otorgaron los contratos?

Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.

 Inés Gómez Mont posando en Instagram.

De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.

En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos.

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