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Proponen en Veracruz castración química a violadores y cárcel por imágenes de cadáveres

Castración química para violadores y cárcel para quien difunda imágenes de cadáveres fueron dos iniciativas presentadas por diputados locales en el Congreso de Veracruz.

El diputado del Partido Encuentro Solidario, Gonzalo Guízar Valladares, presentó ante el pleno de la LXV Legislatura una iniciativa con Proyecto de Decreto que reformaría el artículo 185 del Código Penal estatal, en materia de violación, para que sea incluido dentro de las sanciones la inhibición sexual química a los agresores.

La castración química consiste en la aplicación de una inyección hormonal que reduce la producción de testosterona, bajando, desde el punto de vista fisiológico, los deseos de mantener relaciones sexuales, forzadas o no.

Para este procedimiento, se propone la intervención de la Secretaría de Salud para la supervisión del mismo, así como para garantizar la seguridad de los involucrados y la preservación de sus derechos humanos.

Ante la posibilidad de que en algún momento se pueda cometer algún tipo de injusticia dentro del procedimiento, aplicando sanciones a algún inocente, los derechos humanos también se protegerían, debido a que este procedimiento es reversible.

Este procedimiento, a diferencia de la castración quirúrgica, es un proceso dirigido en contra de violadores y otros posibles agresores sexuales para reducir la libido y la actividad sexual, logrando con ello la protección de posibles víctimas.

Cárcel por imágenes de cadáveres

En la misma sesión legislativa, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz propuso hasta ocho años de prisión para quien difunda imágenes de cadáveres.

La medida aplicaría para cualquier servidor público que, de forma indebida, revele o difunda imágenes, videos o grabaciones, así como información de una carpeta de investigación. Las sanciones incrementarían una tercera parte si se tratara de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.

La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género en el Congreso local, recordó que el 9 de febrero de 2020 una mujer, de nombre Ingrid Escamilla, fue asesinada dentro de su casa en la Ciudad de México. Destacó que, al realizarse el reporte de los hechos, las imágenes de la víctima de feminicidio fueron filtradas y difundidas en redes sociales y por algunos medios de comunicación. 

“Esto causó un gran enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más”, agregó.

Actualmente solo entidades como Colima, Oaxaca, la Ciudad de México y el Estado de México han tipificado esa conducta delictiva en su legislación local.

Al sancionar y evitar las filtraciones se busca preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares, así como disminuir el daño que sufren; erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, principalmente contra mujeres, niñas o adolescentes, y sancionar a los servidores públicos que incurran en estas prácticas.

Fuente: Milenio

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